El Partido Popular (PP) de España volvió a sentarse hoy en el banquillo de los acusados para ser juzgado por destruir pruebas de corrupción, concretamente discos rígidos de computadoras en los que su ex tesorero Luis Bárcenas guardaba datos sobre la financiación ilegal del partido.

Una reforma legal en vigor desde 2015 permite que en España los partidos políticos puedan ser acusados en un proceso penal, algo que abrió la puerta a que los conservadores hayan sido condenados ya a título lucrativo por su responsabilidad civil en el marco del caso de corrupción Gürtel.

Aquella sentencia condenatoria por corrupción, de 2018, desencadenó la moción de censura contra el ex presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que llevó al poder al socialista Pedro Sánchez.