El presidente catalán, Quim Torra, invocó su derecho a la libre expresión al declarar ante la Justicia por haberse negado a retirar de edificios públicos los lazos amarillos con los que el movimiento independentista denuncia el encarcelamiento de sus líderes.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en Barcelona, al que acudió acompañado por los miembros de su gobierno y militantes independentistas, Torra insistió en que actuó en el marco de su derecho a la libertad de expresión, “que defenderá hasta las últimas consecuencias”, según declaró su abogado, Gonzalo Boye, a la salida de los tribunales.

Pero además señaló que la Junta Electoral Central (JEC) no era el órgano competente para ordenarle la retirada de los polémicos lazos amarillos y que la orden era “imprecisa”.

La Fiscalía acusa a Torra de desobediencia por desatender “reiteradamente” las órdenes de la JEC respecto a la retirada de los polémicos lazos, considerados una simbología “partidista”, que lucían edificios como el Palacio de la Generalitat -sede del Ejecutivo regional- de cara al inicio de la campaña camino a las reciente elecciones generales del 28 de abril.

Aunque finalmente el presidente catalán retiró los lazos, lo hizo fuera de plazo, lo que para la fiscalía reviste gravedad porque “incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía”.

Sin embargo, tras pasar por los tribunales, Torra reiteró que la denuncia en su contra es una nueva “maniobra política” contra el independentismo.

Torra volvió a denunciar la “deriva autoritaria”del Estado español y defendió que “el lazo amarillo no es ningún símbolo de partido: es un símbolo de libertad, democracia y justicia”.

Mucho antes de las elecciones, los lazos amarillos generaron tensión entre la ciudadanía debido a la existencia de “brigadas” de ciudadanos de la derecha que salían por las noches a “limpiar” las calles de estos símbolos.