La Fiscalía de Ecuador realizó allanamientos en dependencias de los gobiernos de Quito y Guayas en el marco de investigaciones por presuntos sobreprecios en la compra de kits de pruebas para detectar coronavirus, así como insumos médicos, en un escándalo que quedó expuesto en plena pandemia.

Por la mañana, la Fiscalía realizó cuatro allanamientos en Quito. “Agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional ejecutaron allanamientos en el Municipio de Quito, la Dirección de Salud, la casa del Secretario de Salud, Lenín Mantilla, y la empresa proveedora, para recabar indicios por presunto sobreprecio en la adquisición de pruebas para Covid-19”, informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

“Es obligación de la Fiscalía perseguir hechos con la finalidad de llevar a los responsables ante la justicia”, precisó el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, quien estuvo a cargo del operativo.

Poco después, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que estaba dispuesto a colaborar con la investigación que realiza la Fiscalía

Durante los allanamientos se levantaron más de nueve indicios, entre computadoras, CPU, documentación y memorias flash, que servirán para continuar con la investigación, señaló la Fiscalía en un comunicado en el que apuntó que “por el momento no hay personas detenidas”.

Yunda señaló que no se pondrá en “el papel de juez ni de fiscal” y pidió que las autoridades realicen las investigaciones necesarias para esclarecer el caso, que se suma a otros que investiga la Fiscalía en distintos sectores de Ecuador sobre la compra de insumos durante la pandemia.

De hecho, horas más tarde, la Fiscalía allanó el edificio de la Prefectura (gobernación) de la provincia costera de Guayas, la más castigada por la pandemia, informó el diario local El Comercio.

A través de Twitter, la Fiscalía informó que está investigando un presunto delito de peculado por la adquisición de insumos médicos, como guantes quirúrgicos y mascarillas.

La Policía se incautó de computadoras y documentos relacionados con los contratos, valuados en 500 000 dólares.

El prefecto de Guayas, Carlos Morales, a través de su cuenta de Twitter se refirió al contrato y señaló que había ordenado que “por ningún motivo se pague un solo centavo de dólar al contratista proveedor relacionado con este contrato”.

También informó que el funcionario que emitió el informe que motivó la compra de los insumos fue desvinculado de la Prefectura.

Además, Morales dijo que pidió a la Contraloría y a la Fiscalía que intervinieran para que se determinen responsabilidades sobre estos hechos.

Mientras tanto, un informe de la Contraloría divulgado hoy señaló que estaban bajo análisis 179 contratos firmados en el sistema de salud pública a propósito de la emergencia sanitaria.

Los primeros hallazgos apuntan a presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos e implementos de bioseguridad.

Según las investigaciones de la Contraloría, los productos no cumplían las características técnicas necesarias. Además, se benefició a vendedores y se incumplieron los parámetros de la Ley de Contratación Pública.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó esta tarde que la cantidad de casos confirmados de coronavirus había ascendido a 38.103 y la de muertos por la enfermedad, a 3.275.

Ecuador se encuentra en un proceso de cambio de fase de la estrategia epidemiológica para encarar la pandemia y busca pasar del aislamiento masivo al distanciamiento social, con el levantamiento paulatino y coordinado de las restricciones a la movilidad, en vigor desde el 16 de marzo, cuando se decretó un estado de excepción en todo el territorio nacional.

En ese contexto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció en teleconferencia de prensa que el gobierno implementará un nuevo modelo de “semáforo epidemiológico” para la salida gradual de la cuarentena.

Ese modelo incluirá medidas de mayor flexibilización del aislamiento para las etapas de luces amarilla y verde, con el objeto de favorecer la reanudación de las actividades económicas, y la reducción del horario de toque de queda (de 14 a 5 actualmente pasará a regir de 18 a 5) en aquellas ciudades que sigan en rojo.

El “semáforo epidemiológico” comenzó a regir el 4 de este mes, cuando los 221 municipios del país resolvieron quedar en rojo y sólo 10 días después unos pocos pasaron al amarillo.

Actualmente, 37 municipios aplican el amarillo -la fase más liviana de la flexibilización de la cuarentena- y uno solo (Aguarico, en la provincia amazónica Orellana) pasó al verde, según la agencia de noticias EFE.