La Corte Suprema de Brasil decidió que no es necesaria autorización del Parlamento para dar luz verde a la privatización de filiales de empresas estatales, fallo que favorece los planes del gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

El asunto dividió a los once magistrados del tribunal, que en la tercera sesión dedicada al caso decidió por una ajustada mayoría que cuando se trate de la privatización de filiales de estatales no es necesario consultar al Parlamento, aunque sí lo sería en caso de que se trate de la venta de la llamada “empresa madre”.

La mayoría también puntualizó que todo proceso de privatización de una “empresa madre” debe ser realizado mediante concurso público tras el previo aval parlamentario, lo que fue considerado como una “barrera” necesaria para garantizar una plena transparencia de las operaciones.