El ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, aseveró que “la tarifa eléctrica tiene que ser algo que la gente pueda pagar”, y recordó que “en 2016 y 2017 hubo aumentos muy duros”.

“Tras perder las elecciones, el gobierno de María Eugenia Vidal autorizó un aumento del 25% para el 1 de enero. Nosotros lo frenamos por 180 días, en los que vamos a analizar qué es lo que se hizo, avanzar en sistemas de control y a partir de ahí buscar una solución que sea viable”, expresó.

Manifestó que las compañías distribuidoras de energía eléctrica Edelap, Edea, Eden y Edes afirman necesitar el aumento “para poder invertir”, pero aclaró que el gobierno desea corroborar primero si ello “es real o no”.

“La tarifa tiene que ser algo que la gente pueda pagar. Si no, no le sirve a las empresas ni a nosotros. En base a una tarifa que sea factible de pagar por el usuario, veremos cuáles son las inversiones que se pueden hacer y que las empresas las cumplan”, expuso.

Para Simone, “la principal falta fue del Estado en no controlar a las empresas”, mencionó que éstas “dicen que invirtieron”, pero expresó que “no hay un esquema de control que permita saber si se hicieron en tiempo y forma, cuál es el avance físico de la obra, o una distinción real entre lo que es mantenimiento e inversión”.

“Cuando terminemos el relevamiento de las inversiones que se hicieron sabremos si las empresas cumplieron o no con lo tenían comprometido hacer”, prosiguió Simone.

Sostuvo que “lo que no puede ser es que en un monopolio regulado no haya control y regulación”, y concluyó: “en 180 días veremos qué encontramos y cómo buscamos algo viable para el usuario”.