La Abogacía del Estado español avaló la exhumación de Francisco Franco en un informe entregado al Tribunal Supremo español, que paralizó el traslado de los restos del dictador hasta resolver sobre la legalidad de la medida adoptada por el gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Los abogados del Estado sostienen que la decisión del Ejecutivo español “no vulnera los derechos fundamentales del dictador o su familia” y que los acuerdos adoptados “garantizan el respeto a la dignidad debida al finado”, según un escrito publicado hoy por la prensa española.

El Tribunal Supremo español lleva varios meses examinando las resoluciones adoptadas por el gobierno español en relación con la exhumación del cadáver de Franco, quien yace desde su muerte, en 1975, en el Valle de los Caídos, un monumento de exaltación del fascismo, que hizo construir el propio dictador, enterrado junto a los cuerpos de miles de sus víctimas.

El pasado 4 de junio, los jueces del alto tribunal suspendieron de forma cautelar la exhumación de los restos del dictador, que iba a ser trasladado al cementerio del Pardo, donde yace su esposa, Carmen Polo, ante un recurso presentado por sus nietos, que se oponen al traslado.

La familia del dictador se opone a la exhumación, pero en caso de que el alto tribunal la autorice, quiere que Franco sea enterrado en una cripta familiar en la céntrica catedral de La Almudena, junto al Palacio Real de Madrid, algo a lo que el Ejecutivo de Sánchez se opone tajantemente.

El gobierno argumenta que ese lugar de enterramiento facilitaría los actos de reivindicación de la figura del dictador.

La Abogacía del Estado respalda el proceso legal seguido por el gobierno y asegura que con la inhumación en el cementerio de El Pardo se garantiza que “no se altere las condiciones en que los familiares pueden asistir a rendir homenaje”.