En un mundo en el que más de la mitad de los países tienen cárceles sobrepobladas, Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos reclaman al unísono proteger a uno de los grupos más vulnerables en esta pandemia, los presos, y coinciden en que ninguna medida será efectiva si no se reduce primero la población carcelaria.

“En muchas de las cárceles con brotes, el virus entró a través de visitantes o trabajadores y de ahí creció porque los presos están en situación de hacinamiento y en ambientes compartidos que no permiten tomar las medidas de prevención necesarias. Y el brote no terminará allí. Hay trabajadores que vuelven a sus comunidades todos los días”, destacó la directora de incidencia en contextos de crisis de Human Rights Watch, Akshaya Kumar.

En diálogo con Télam, señaló que, en esta fase de la pandemia, “los geriátricos y las cárceles son los dos aspectos más preocupantes”, no solo por su situación de vulnerabilidad, sino por “la respuesta insuficiente” que han tenido muchos estados con ellos.

En marzo, cuando ya era claro que el brote de coronavirus no era un problema solo de China y Asia, sino una pandemia global, y cuando comenzaron a confirmarse los primeros contagios dentro de cárceles, los motines e intentos de fugas se multiplicaron en el mundo y, especialmente en América Latina.

Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú fueron algunos de los países de la región que tuvieron protestas, motines o intentos de fuga -algunos con muertos y heridos-, aunque el fenómeno fue global, como se vio también en Italia, Irán y Tailandia, entre otros.

“La situación de sobrepoblación carcelaria que hay en muchos países hace casi imposible tomar las medidas necesarias para prevenir la transmisión de la Covid-19, como el distanciamiento social y el aislamiento de enfermos y posibles contagiados”, explicó a Télam la investigadora de Amnistía Internacional, Louise Tillotson.

El Instituto de Investigación de Política Criminal y de Justicia de la Universidad de Londres estimó que 125 de los 205 países y territorios relevados del mundo tienen más presos de lo que su capacidad carcelaria les permite.

Ante estas cifras, la ONU, la OMS y las principales organizaciones de derechos humanos del mundo pidieron a los estados que reduzcan sus poblaciones carcelerias para garantizar que las mismas medidas de prevención que imponen al resto de sus sociedades también se pueden aplicar en las prisiones.

“Reduzcan las poblaciones carcelarias en lo posible implementando esquemas de liberación temprana, provisional o temporaria para aquellos detenidos que no representen un riesgo”, pidió hace un mes el subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura.

En sus recomendaciones, Amnistía Internacional, además, sugirió quiénes podrían ser beneficiados por estas medidas de emergencia: presos políticos, personas mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, condenados por delitos no violentos y aquellos que están detenidos con prisión preventiva y no representan un riesgo para la sociedad.

Human Rights Watch coincide en las recomendaciones y destaca el caso de los detenidos sin condena.

“Tiene que haber un balance entre el derecho a la justicia y el derecho a garantizar la salud y la vida de las personas. Proponemos liberar a personas que no representan riesgos para otros”, explicó Kumar.

“En un continente como el americano, donde hay muchas personas que están en prisión preventiva por haber protestado o cometido un delito menor, su liberación no debería representar una verdadera amenaza para las sociedades,” agregó.

ACLU, la principal organización de derechos civiles estadounidense, advirtió que, si las autoridades no reducen la población carcelaria en todo el territorio -Estados Unidos concentra un cuarto de los presos del mundo-, podrían fallecer hasta 200.000 personas por la pandemia en el país.

En cambio, otros países como Irán, Turquía y Afganistán, han tomado decisiones drásticas y liberaron entre un tercio y un 60% de sus poblaciones carcelarias.

Sin embargo, en el caso de Irán, las autoridades no incluyeron a los presos políticos.

En América, México aprobó una amnistía para 6.000 presos, Chile decretó un indulto conmutativo para 1.700 detenidos, Perú abrió la puerta a la excarcelación de 2.700 personas y jueces brasileños habilitaron la salida de decenas de miles de presos.

“Se están tomando medidas, pero lamentablemente no vemos que los Estados estén accionando lo suficientemente rápido”, advirtió Tillotson.