Más de 1.100 ex fiscales y funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos pidieron hoy la dimisión del fiscal general del país, William Barr, por considerar que intercedió de manera irregular en una causa penal al recomendar una reducción de sentencia a Roger Stone, el estratega político republicano y amigo del presidente Donald Trump, condenado por mentir al Congreso y manipular testigos.

La acusación contra Stone

En noviembre pasado y en plena investigación contra Trump y su campaña electoral por presuntos vínculos secretos con el gobierno ruso, Stone fue declarado culpable de siete delitos, entre ellos obstrucción de la Justicia, mentir al Congreso y manipulación de testigos.

Stone se convirtió entonces en el sexto ex ayudante de Trump en ser condenado en casos derivados de la investigación que lideraba el fiscal especial del FBI Robert Mueller para determinar si hubo interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y si Moscú lo hizo en connivencia con la campaña del hoy mandatario.

Los fiscales a cargo del caso de Stone pidieron una condena de entre siete y nueve años de prisión. Pero el martes pasado, Trump planteó una objeción a través de Twitter.

“Esta es una situación horrible y muy injusta. Los crímenes reales estaban del otro lado. ¡No puedo permitir este aborto judicial!”, escribió el mandatario.

Más tarde ese día, contra todo protocolo, el Departamento de Justicia contradijo a los fiscales de carrera y emitió un memorando diciendo que su sentencia recomendada “excesiva”.

La opinión de Barr

Barr emitió un documento que sostenía que Stone debía ser encarcelado, pero pedía una sentencia menor, lo que generó un conflicto inmediato con los fiscales del caso, que dependen de su cartera, informó la agencia de noticias Europa Press.

Inmediatamente después, Trump felicitó a Barr en Twitter “por hacerse cargo de un caso que estaba totalmente fuera de control y que tal vez no debería haberse presentado”.

Los cuatro fiscales renunciaron al caso en protesta y uno de ellos incluso renunció a su cargo y abandonó la carrera en el Departamento de Justicia.

Las declaraciones de Barr y Trump y la reacción de los fiscales del caso desataron una protesta entre dirigentes demócratas y expertos legales que alegaron que el presidente había presionado al Departamento de Justicia, que se supone independiente, para hacerle un favor a su amigo.

Aunque Barr dijo después en una entrevista que las declaraciones de Trump en las redes sociales “hacen imposible” su trabajo, los ex fiscales que pidieron la renuncia del secretario de Justicia creen que sus “actos pesaron más que sus palabras cuando decidió aplicar las órdenes del presidente” sobre el caso de Stone.

Todos y cada uno de nosotros condenamos enérgicamente las interferencias del presidente Trump y el fiscal general Barr contra la administración de la justicia”

FISCALES FIRMANTES

El pronunciamiento

“Todos y cada uno de nosotros condenamos enérgicamente las interferencias del presidente Trump y el fiscal general Barr contra la administración de la justicia”, sentenciaron los firmantes, procedentes de todo el espectro político norteamericano.

Trump, por su parte, dijo que no presionó a Barr, pero aclaró que, si lo hubiese hecho, tiene la autoridad para hacerlo.

“Esto no significa que, como presidente, no tenga legalmente derecho, aunque he elegido no hacerlo”, señaló esta semana Trump en su cuenta de Twitter.

En tanto, el diario británico The Guardian vinculó la interferencia directa de Trump y Barr en la condena de Stone a su cómoda absolución en el juicio político que votó el Senado hace unas semanas.

“Trump comenzó rápidamente una purga de funcionarios que testificaron contra él y ahora parece estar tuiteando instrucciones a su fiscal general”, advirtió el medio en un editorial.