Los policas planearon la captura a travs de conversaciones en un grupo de WhatsApp
La Justicia Federal dej firme la condena a 10 aos de prisin para seis policas bonaerenses por haber secuestrado a un hombre al que amenazaron con cortarle un dedo en 2017, en La Matanza, y cuya captura planificaron a travs de conversaciones en un grupo de WhatsApp al que titularon “Ponela To” porque consideraban que un familiar, al que acusaban de narco, deba pagar un rescate de 60.000 pesos.
La Sala III de la Cmara Federal de Casacin Penal confirm las penas que en marzo de 2019 recayeron sobre Alejandro Gabriel Gmez, Mara Florencia Romero, Matas Ezequiel Brtez, Juan Leonel Pea, Sebastin Alfredo Renversade y Gabriel Alejandro Rodrguez, todos ellos oficiales de la Polica Local de La Matanza que llegaron detenidos al debate oral.
En el fallo de 38 pginas al que Tlam tuvo acceso, los jueces Liliana Catucci, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi rechazaron todos los planteos presentados por las defensas y convalidaron la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martn.
Los policas continuarn detenidos por el delito de “secuestro extorsivo agravado por el empleo de armas de fuego, por resultar los participantes agentes de una fuerza de seguridad y por el nmero de intervinientes”.
La Justicia dio por acreditado que los efectivos, mientras se hallaban en actividad y vestidos con sus uniformes reglamentarios, secuestraron a un vecino de la localidad de Virrey del Pino el 7 de febrero de 2017 entre las 17 y las 20.45.
“La orden lleg va WhatsApp al grupo ‘Ponela To’ que Rodrguez haba formado y que estos seis acusados integraban. El grupo se form con el objeto de planificar, llevar a cabo y ultimar detalles del suceso criminal”, asegur el TOF 1.
Los hechos
Segn la acusacin, aquel da, el hombre caminaba junto a una vecina por la calle Vilela, cuando fue interceptado por un patrullero de la Polica Local de La Matanza, del que descendieron Pea y Gmez –con sus armas reglamentarias y uniformes-, lo golpearon y lo obligaron a subir al vehculo.
En ese momento, uno de los efectivos le refiri: “Sabemos que sos transa, sabemos que tu pap es transa, llam a tu pap para pedirle dinero”.
Para los jueces, esa maniobra cont con el apoyo de Brtez y Romero, quienes tambin estaban uniformados, armados y se desplazaban en otro mvil policial.
La vctima, quien les haba respondido que su padre estaba muerto, fue trasladada a un descampado, situado en el kilmetro 40 de Virrey del Pino, y durante el trayecto uno de los policas le sustrajo una billetera, en cuyo interior haba 30 pesos, papeles y su cdula de identidad expedida por la Repblica del Paraguay.
Una vez en el baldo, al hombre lo obligaron a llamar a un amigo para que pagase un rescate de 60.000 pesos.
Dicha comunicacin se efectu a travs del servicio de llamadas de la aplicacin de mensajera WhatsApp y en el cual haban armado el grupo mencionado.
“Su denominacin ‘Ponela To’ es paradigmtica. De la prueba colectada y a la luz de lo sucedido est claro por qu se decidi llamarlo as: el ‘to’ del secuestrado deba ‘poner’ el dinero del rescate. Para ‘que la ponga’ como dijo Renversade”, asegur la Sala III.
Durante su cautiverio, los patrulleros –tres en total- iban y venan, mientras que algunos de los efectivos golpeaban a la vctima, lo amenazaban con cortarle un dedo, le sacaron una foto e, inclusive, Gmez dispar dos veces contra el suelo cerca de donde estaba parado el joven.
Finalmente, dado que el amigo de la vctima no haba conseguido el dinero, sta se ofreci a juntar el rescate y drselos al da siguiente, por lo que, alrededor de las 20.45, lo volvieron a subir a uno de los patrulleros y lo liberaron a cuadras del descampado.
“(El secuestrado) fue amenazado de muerte. Gmez le coloc una sevillana en el cuello. Como el dinero no poda ser juntado, (le) ofreci a los captores recolectarlo y a contactarse con ellos al da siguiente. No obstante ello, decidieron liberarlo toda vez que as lo orden Renversade cuando tom conocimiento que el hecho haba sido denunciado“, precisaron los magistrados.
Tras sus detenciones y al ser indagados en la etapa de instruccin, algunos de los imputados se refirieron al hecho como un “procedimiento” por comercializacin de estupefacientes, uno se neg a declarar y otros argumentaron que se trataba de una represalia por haber desbaratado una red de proveedores de narcticos.