La FARC parece así pretender un lugar en la ronda de contactos que Duque inició con partidos afines, como liberales, conservadores y Cambio Radical, para sacar adelante “las reformas que permitan cerrar las puertas al narcotráfico y a la impunidad y fortalecer la extradición”, según explicó el propio mandatario.

El senador y ex presidente Álvaro Uribe, del gobernante Centro Democrático, contó a la prensa tras la reunión que mantuvo ayer con Duque que le había pedido impedir que los parlamentarios de la FARC ocupen sus escaños “mientras estén cumpliendo sanciones simbólicas, no adecuadas”.

La chance implica de por sí ampliar la ofensiva contra el acuerdo de paz a la participación política de los antiguos combatientes. Duque ya intentó avanzar contra otro de los pilares de los textos de La Habana, la justicia transicional -Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)-, cuando presentó una serie de objeciones a una ley clave para su funcionamiento.